REPENSAR EL SISTEMA JUBILATORIO
Hablar del sistema jubilatorio provincial es tocar un tema
tabú. Y es tabú porque desde el “progresismo” no se quieren realizar las
autocríticas y desde la derecha cuando lo hablan es para directamente sacar derechos
a los trabajadores y/o jubilados.
Por otra parte, otro problema que existe es la falta de
información de quienes opinan, sin esforzarse en lo más mínimo en analizar y
estudiar la situación.
En esta pequeña nota trataré de explicar algunas cuestiones
mínimas para buscar entender el tema y pondré a consideración probables
soluciones, discutibles y debatibles todas
Situación actual
Ante el avance apresurado del gobernador Pullaro (el tero,
porque pone los huevos en un lugar y cacarea en otro), quién claramente se
subió a la onda privatizadora del gobierno nacional y pretende arrasar con los
derechos de los trabajadores, nos encontramos con una dirigencia gremial y
política sin reacción que solo atinan al rechazo, pero no entienden los
verdaderos riesgos que se corren para adelante.
En primer lugar, si la jugada de Pullaro se
logra, es decir tocar la caja, luego se vienen un par de privatizaciones. La
más importante será la EPE, pretendida por Caputo, actual dueño de la central
termoeléctrica de Sauce Viejo.
En lo que compete a la caja el problema es grave: Concretamente, el
proceso de transferencias de las cajas provinciales a la Nación se
inició en 1992. Ese año las provincias firmaron un Pacto Fiscal que, entre otras
medidas, dispuso que el Estado nacional podía descontar el 15% de los fondos
coparticipables para destinarlos al pago de las jubilaciones nacionales.
En 1993 el Gobierno privatizó el sistema previsional y
cambió el mecanismo de sistema de reparto por el de capitalización (por el que
cada trabajador acumula sus ahorros previsionales en cuentas individuales que
pueden ser gestionadas por administradoras privadas, las AFJP).
Luego de estos cambios, la Nación y las provincias firmaron
un nuevo Pacto Federal por el cual el Gobierno
nacional se comprometía a absorber las cajas de jubilación provinciales. Es
decir que los jubilados de las provincias que adhirieron a ese acuerdo y los
empleados en actividad que se jubilaran en el futuro pasaron a cobrar sus haberes
a través de la ANSES, con las mismas condiciones y requisitos que los jubilados
nacionales.
Siguiendo este acuerdo, entre 1994 y 1997, 11
jurisdicciones transfirieron a la ANSES sus cajas previsionales: Ciudad de
Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan,
San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.
En tanto, en 1999 se firmó un nuevo acuerdo entre la Nación
y las provincias (denominado Compromiso Federal) que, entre otras cosas, obligó
al gobierno federal a cubrir los déficits de los sistemas previsionales de las
provincias que no transfirieron sus recursos. Es decir que la Nación pasó a
hacerse cargo de las diferencias existentes entre los aportes de los
trabajadores estatales y los fondos necesarios para cubrir la jubilación de los
agentes ya retirados.
En julio de 2016, durante el Gobierno de Mauricio Macri
(Cambiemos), se aprobó la ley de Reparación Histórica para
los jubilados, que entre sus puntos disponía cambios en la asistencia a las
cajas previsionales provinciales.
El acuerdo condicionaba la ayuda a que las
provincias armonizaran su sistema previsional con relación al nacional. Es
decir que los regímenes de jubilación (en cuanto a requisitos de aportes y
edad, entre otros) fueran iguales a los exigidos por la ANSES.
Para obligar a las provincias a cumplir este punto, dispuso
que los aportes nacionales serían iguales al déficit que cada caja provincial
tendría aplicando los criterios de jubilación de la ANSES. Es decir que, si
una provincia quería que, por ejemplo, sus empleados se jubilaran con menos
años que el límite impuesto en el régimen nacional (60 años para las mujeres y
65 para los hombres) se tendría que hacer cargo del déficit extra que se
generaba.
Y allí esta el verdadero PROBLEMA: El
gobierno nacional pretende privatizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del ANSES y también quedarse con las cajas provinciales, ergo, si los empleados
públicos no tenemos en cuenta estas cuestiones CORREMOS EL SERIO RIESGO DE PERDER NUESTRA CAJA
PROVINCIAL.
Los números
Si tomamos la relación activos, que son quienes aportan
para los pasivos la misma es de 2 a 1. Significa que existen 2 activos
financiando a un pasivo.
Si tenemos en cuenta que el aporte de los activos es del 11
% nos daremos cuenta de que jamás con esta relación podremos financiar el 82 %
móvil-
Ahora bien, en cualquier sistema solidario se impone la
necesidad de que esos recursos se obtengan vía impuestos de otra parte, tema
que abordo más adelante,
También impone la obligación de poner en cuestionamiento y
que el gobierno aclare todos los contratos en negro, basura, pagos en negro,
etc que tenemos en los recibos de sueldo
Si tomamos el déficit podremos ver que el mismo es
creciente exponencialmente, lo cual demuestra que estos números serán difícil de
sostener en el tiempo
Otro tema para poner en discusión es los montos de las
jubilaciones por sector…allí también tendremos que poner el ojo.
En el gráfico que sigue a continuación vemos claramente que
existen tres sectores que están muy por sobre el promedio de las jubilaciones:
el judicial, el legislativo y la EPE, Con jubilaciones promedio de $ 600.000,
estos están entre 1 millón y dos de pesos de promedio por encima, lo cual lo
vuelve totalmente INJUSTO
Por último, para no aburrir con datos (todos
son de la caja año 2022 lo último disponible) otra cuestión importantísima a
tener en cuenta es la edad jubilatoria.
Cuando la nación habla de armonización justamente hace
hincapié en este tema: en algunas provincias como la nuestra algunos se jubilan
a los 50 años, otros a los 57/60 (caso docentes).
Aunque parezca una tontería, en un esquema de aumento de la
esperanza de vida y de la población este es un tema que debe discutirse con
toda seriedad
Algunas ideas para discutir
1) Si
tomamos el presupuesto de gastos para el año 2.024 veremos que el mismo es de
4,8 billones de pesos
Mientras que en ese mismo presupuesto el déficit de la caja
es dé % 145.000 millones
Si tomamos este déficit y lo comparamos con el
gasto total provincial el mismo es del 2.98 %
2) ¿Cómo
podemos financiar ese déficit?
Analicemos lo siguiente: en el año 2.023 de impuesto
inmobiliario la provincia recaudo $ 22.000 millones, que representa sobre el
total provincial el 3,5%
Pero hace 30 años atrás el impuesto inmobiliario
representaba el 30 % de la recaudación. Con los acuerdos del gobierno con la
S
ociedad Rural, hoy una hectárea en la zona núcleo paga en promedio $ 300 por
Há. Sería un extraordinario acto de justicia social volver al 30 % de hace 30
años atrás que representarían $ 250.000 millones estimativamente, con los cuales
se podría financiar parte del régimen jubilatorio.
3) ¿Y si
buscamos por otro lado?
Otra cuestión para discutir es por qué siempre el ajuste lo
pagamos los sectores trabajadores. Este gobierno no quiere hacerle pagar a los
grandes contribuyentes. Si por ejemplo gravase con Ingresos Brutos las
exportaciones (existe jurisprudencia al respecto) según mis cálculos se podrían
obtener ingresos por
$ 140.000 millones adicionales, para entre otras cosas
sustentar a los jubilados
4) ¿Y si
hacemos impuestos más progresivos?
Cuando aportamos a la jubilación la alícuota es del 11 %. Este
sistema no es progresivo, porque no es lo mismo el 11 % para el que
gana 500.000 (ejemplo) a aquel que gana $ 10.000.000. El peso de la carga es
mucho más oneroso cuanto más bajo es el sueldo. Por ello también sería una
manera de redistribuir más equitativamente la torta es la de gravar con mayor
peso a quienes cobrarán una jubilación más alta, por ejemplo, una tasa del 11%
aumentando hasta un 30 %. De allí también podemos conseguir mejores números
para financiar a los jubilados…
En definitiva, el bienestar no se regala, se
consigue y esto lo podremos logar si somo capaces de dar una discusión seria de
cara a la sociedad. Para ello necesitamos dirigentes gremiales que en lugar de
consignas vacías comiencen a estudiar del tema e invertir los recursos de los
afiliados en poner en agenda esta discusión
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