EL LOQUITO DE LA MOTOSIERRA AHORA VA POR LAS PROVINCIAS
Se escucha a diario en las conversaciones de argentinos/as y en los medios de comunicación sobre la salud mental del Milei. Es obvio que es un tema preocupante, pero no debemos quedarnos solo en ese aspecto. Debemos centrarnos en sus propuestas, que aunque parezcan descabelladas, la mayoría de ellas ya fueron aplicadas en la Argentina con resultados desastrozos.
Ahora la coparticipación
Este personaje siniestro está proponiendo terminar con el régimen de coparticipación.
Sobre dicha propuesta y el sujeto que las enuncia deberíamos alertarnos sobre dos cuestiones fundamentales: 1) va por las provincias para debilitarlas y exponerlas fácilmente ante los grupos internacionales que desean nuestros recursos naturales, cedidos por la CN del 94 a las provincias y 2) esta experiencia ya se aplicó durante la convertibilidad con uno de sus mentores ideológicos, Cavallo y fue desastroza para el país
Contexto histórico de la coparticipación actual
Si analizamos la historia de la conformación del país se puede ver que la discusión sobre los recursos siempre estuvo dentro de la agenda política, es más fue motor y razón de ser de la constitución del Estado Argentino. Al respecto Oszlak sostiene: “.. la articulación de los mercados internos y su eslabonamiento con la economía internacional, se vieron acompañados por aquella clase de alianza de clases que controlaba los nuevos circuitos de producción y circulación de bienes en que se basó la expansión de la economía exportadora. Pero las nuevas formas de dominación económica, a cuya sombra se consolidaban nuevas relaciones sociales, requerían políticamente la paralela constitución y control de un sistema de dominación capaz de articular, expandir y reproducir el nuevo patrón de relaciones sociales.” No es este el mismo objetivo perseguido por Milei?
La formación misma del Virreinato del Río de la Plata fue producto, entre otras cosas, de decisiones administrativas ligadas a un mejor control de los recursos que por estas tierras se explotaban y se exportaban a la Metrópolis. Aparece en este periodo el contrabando como modelo alternativo para zafar de los férreos controles impuestos por la corona a la comercialización de productos autóctonos. Y este contrabando da auge y crecimiento a Buenos Aires como centro comercial y a la burguesía que allí residía. Este no es un dato menor, y debe ser tenido en cuenta, porque esta clase social es la que logra irradiar con su ideología al resto del país
El periodo de anarquía, desde la independencia hasta la sanción de la constitución de 1853, fue una lucha en términos políticos entre los caudillos, con una visión federal y el centralismo porteño, fortalecido por el control de la principal aduana. Pero en términos económicos, la pelea de los caudillos tenía que ver también con la defensa de los recursos y las fuentes de trabajo de cada región.
Las consideraciones precedentes apelaron a bucear en la historia de la formación del país, a efectos de entender y explicar algunos de los problemas actuales que, con obstinación recurrente nos dan cuenta de una indispensable comprensión histórica de lo que se es.
A propósito de ello, no es un dato menor sugerir que la existencia del estado Nacional es cronológicamente posterior a los gobiernos locales y regionales y que en todo caso, su origen, se debió a una delegación de poder que hacían estos últimos al primero
Se pueden resumir las características principales: hasta 1890, hubo separación de fuentes tributarias, correspondiéndole a la Nación los impuestos sobre el comercio exterior y a las provincias los impuestos internos. Desde 1890 y hasta 1934 hay concurrencia de fuentes tributarias en los impuestos internos indirectos. Este esquema determinaba que cada provincia debía ajustar sus gastos en función de la recaudación "propia", generando gran disparidad territorial en cuanto a la oferta de bienes públicos provinciales, financiando las provincias ricas ( en su mayoría las que se encontraban en la pampa húmeda ) niveles de gasto por habitante más elevado que las provincias pobres.
Esto ayuda a entender que el modelo de país agro-exportador del siglo XIX, sólo entendía el país desde la perspectiva del gran puerto, funcional a los intereses de la clase social dominante, a quien no le interesaba el desarrollo armónico de las economías regionales. No se pensó en una gran Nación. Apenas en un gran puerto, o en todo caso la Nación era el puerto como cosmovisión.
El año 1.935 marca el comienzo de los regímenes de coparticipación; mediante leyes específicas se regulan los impuestos internos y a los réditos, iniciándose el proceso de centralización en la recaudación por parte el gobierno Nacional y fijándose mecanismos de distribución del producido de los mismos. En 1952 se agrega un nuevo mecanismo de recaudación centralizada y distribución para el impuesto que gravaba la transmisión gratuita de bienes. A partir de 1.973 se unificaron todos los regímenes en uno solo, que comprendía el universo de los tributos co-participables y un solo mecanismo de distribución. También comienza a cobrar importancia en este período la creación de impuestos con afectaciones específicas.
En los años de la dictadura militar se comienza con las transferencias de servicios a las provincias por parte del Estado Nacional, y los fondos se transferían según criterios de la junta militar y si bien generaba turbulencias en la relación Nación-provincias, el marco institucional no permitía en ese momento gran discusión en las relaciones fiscales.
Desde el retorno de la democracia y hasta el año 1988 en que se sanciona la ley 23.548 los fondos se distribuían a partir de negociaciones de carácter político. En el año 1.988 se sancionó la ley 23.548, vigente aún, en donde se establecen nuevos mecanismos de distribución primaria y secundaria. Las provincias pasan a recibir el 56.66 % del total recaudado. Este número surge del 48.5 % que recibían en el año 1973 más el 8,16 % que era el impacto estimado en base al estudio realizado por el C.F.I, del costo de los servicios transferidos durante la dictadura.
El estudio de la economía del federalismo fiscal es de gran importancia para la política económica de la Argentina, dada la gran descentralización de funciones del estado Nacional hacia las provincias y al monto cuantitativamente importante de las transferencias de recursos. Este tema condiciona objetivos importantes de la política económica, como ser la eficiencia, la equidad regional, estabilización y desarrollo entre otros
En el caso Argentino, el federalismo tiene jerarquía constitucional: " la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana federal" (Constitución Nacional).
En sentido económico, el federalismo fiscal estudia cómo se organizan las relaciones fiscales entre diferentes niveles de gobierno y ante diferentes grados de descentralización. Esto implica estudiar de qué manera se articulan la distribución de funciones y responsabilidades cuando existen al menos dos niveles de gobierno. De qué manera se distribuyen los recursos y a quién le corresponde la provisión de bienes y servicios, es decir de qué manera se organizó la distribución del "poder" y en qué medida está más o menos centralizado o descentralizado el mismo.
La consideración precedente trae aparejada la discusión acerca del lugar del Estado, dada la coexistencia de dos lógicas que pueden entrar en coalición. Y es la hipótesis de esa emergencia que conforma su función, reservando al Estado su actuación a nivel político; es decir, se desempeña como encargado de organizar las relaciones en sociedad, como aquel que fija las reglas del juego, pero a su vez interviene o trata de equilibrar las situaciones de desequilibrio que se producen por el funcionamiento mismo del sistema capitalista.
Algunos comentarios acerca de la situación en nuestro país
Debe entenderse que: los fondos que reciben las provincias no son transferencias, sino recursos de propiedad provincial; la nación recauda en forma centralizada por diferentes motivos (economías de escala, equidad, políticas macroeconómicas), pero la recaudación no pasa por el presupuesto, sino que se distribuye automáticamente.
ANTECEDENTES LEGALES
En el año 1988, se sanciona la primer ley de coparticipación ( 23.548), luego del regreso democrático. Esta ley, conjuntamente con el pacto Federal del 12/08/92 y el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento del 12/08/93, juntamente con la doctrina precedente, constituyen el cuerpo principal en materia de coparticipación para el periodo anterior a la sanción de la nueva Constitución del año 94.
Simultáneamente y también como consecuencia del criterio de coparticipación definido se instala en esta circunstancia histórica la discusión del financiamiento de los servicios transferidos de la Nación a las Provincias. Ello sucede porque en la década anterior, fundamentalmente en el gobierno de la dictadura, es cuando se transfiere, hasta ese momento, el mayor volumen de servicios a las jurisdicciones provinciales.
Luego, a partir del plan de convertibilidad, se retoma el proceso privatizador. Este expeditivo proceso –desde 1993 a 1994- que se conoció como el mayor proceso de descentralización, explica e ilustra significativamente el crecimiento del gasto en cada Estado Federal y las firmas de los primeros pactos fiscales. Complementariamente, este proceso que se inscribió en la tan predicada transformación del Estado, el Estado Nacional se desprendió de las empresas públicas, en su mayoría señaladas por sus faraónicos como ineficientes activos y pasivos.
La política de transferencias emprendida en ese marco de reforma estatal significó para las provincias recibir y afrontar en exiguos plazos de asimilación los servicios transferidos, onerosos y expansivos por el carácter vegetativo de los mismos. El paquete transferido se constituyó de servicios de educación primaria, secundaria y terciaria, salud, y otros de variada índole como funciones de policía de trabajo, puertos, etc.
REFORMA DEL 94
La reforma constitucional del 94´ introducirá entre otros cambios, la asignación de rango constitucional a la coparticipación.
Si bien en este periodo se producen los traspasos de las cajas provinciales de jubilaciones, la corresponsabilidad en el financiamiento de la seguridad social era condición sine qua non para las provincias, puesto que era el talón de Aquiles en la política macroeconómica, en tanto la privatización del sistema de jubilaciones, significó un agujero negro en el presupuesto nacional. “las estimaciones más conservadoras señalan que el nuevo sistema de las AFJP significó una merma de ingresos públicos de aproximadamente 4.500 millones de dólares anuales”.
CONCLUSIÓN
Cuando los Estados Nacionales optan por organizarse bajo la forma de federaciones (confederaciones) se habla de organización federal de gobierno, que en sentido económico, estudia como se organizan las relaciones fiscales entre diferentes niveles de gobierno ante diferentes grados de descentralización. Esto implica estudiar de qué manera se articulan la distribución de funciones y responsabilidades cuando existen al menos dos niveles de gobierno. De qué manera se distribuyen los recursos y a quién le corresponde la provisión de bienes y servicios.
Si un nivel es el que recauda y otro el que gasta se produciría superávit en el primero y déficit en el segundo, si no se establece un mecanismo de transferencia de ingresos.
Podemos y debemos en la Argentina actual discutir un nuevo modelo de coparticipación y de federalismo. Es un deber histórico, del cual deberemos rendirle cuenta a las generaciones futuras. Debemos resolver el problema actual, el cual es la desigualdad existente al interior de nuestra patria, con regiones y/o ciudades más cercanas en sus estándares de vida al primer mundo y otras cercanas a lo que somos: países periféricos y pobres.
Si bien los problemas estructurales que acarrea nuestro país no son exclusivamente por la coparticipación o por el reparto de los recursos, no caben dudas que estos últimos han servido como un poderoso instrumento de política económica para consolidar modelos que nos signaron en el atraso.
Porque en el nacimiento mismo de nuestra Nación se cometieron errores que nos afectan en la actualidad. Uno de los motivos del olvido deliberado del periodo virreinal, por parte de la historiografía liberal de la oligarquía, ha respondido al objetivo de hacernos perder el recuerdo de la antigua unidad y conformación para suplantarlo por una división geográfica sin sustentos reales.
Porque el problema de Argentina está en su génesis. En su conformación histórica como país. Argentina nació extrapolada. Se conformó al revés de cómo debiera haber sido. Allí están nuestros males. Y a 200 años de nuestra independencia la discusión sobre el país se debe reeditar.
El sistema disperso de comunicaciones, otro de los obstáculos que separa a nuestro pueblo, no deriva de la geografía, sino de las inversiones financieras, que han relegado a las economías regionales a la categoría subsidiaria de abastecedora de la metrópolis. En el tema de las comunicaciones se debe recordar que las redes ferroviarias y fluviales, tanto como viales, han sido exclusivamente articuladas al comercio de exportación y no al mercado interno. Basta con observar un mapa de las rutas argentinas. Del tendido de los ferrocarriles. De las rutas aéreas. Veremos una imagen parecida a una gran telaraña, cuyo centro es Buenos Aires.
Por ejemplo, las redes ferroviarias no han traído progreso a las economías regionales, sino que han llevado trabajo y riqueza explotados a la gran ciudad, de cuyos sistemas de comunicaciones han sido prolongaciones extraterritoriales. Hechos de esta naturaleza son derivados de la fragmentación geográfica. Por eso la unidad geográfica exige la reinserción comercial y política de las regiones. Este modelo frena en un doble sentido al país: a) Al estancar el crecimiento del mercado interno y b) Al desviar la producción al comercio exterior, generando el subconsumo y la miseria social del pueblo
Un país que se formó a expensas de una ciudad y/o región (Buenos Aires). Que generó una gran cabeza. Un cuerpo macrocefálico, con miembros débiles, no tiene futuro. Una cabeza que inundó al país con su ideología. Una cabeza que nos convenció que éramos el granero del mundo.
La economía, la política, la historia se entretejieron en el gran puerto.
Está demostrado que el reparto de recursos entre nación y provincias y entre las provincias no es el más equitativo. Este debe ser el centro del debate. Porque históricamente generó problemas este reparto. Porque la asignación de los recursos siempre se resolvió a partir de acuerdos políticos. Jamás se resolvió por proyectos estratégicos de integración y unidad nacional. Porque a lo largo de la historia la hegemonía del gran puerto marcó el rumbo a seguir.
Contexto histórico de la coparticipación actual
Si analizamos la historia de la conformación del país se puede ver que la discusión sobre los recursos siempre estuvo dentro de la agenda política, es más fue motor y razón de ser de la constitución del Estado Argentino. Al respecto Oszlak sostiene: “.. la articulación de los mercados internos y su eslabonamiento con la economía internacional, se vieron acompañados por aquella clase de alianza de clases que controlaba los nuevos circuitos de producción y circulación de bienes en que se basó la expansión de la economía exportadora. Pero las nuevas formas de dominación económica, a cuya sombra se consolidaban nuevas relaciones sociales, requerían políticamente la paralela constitución y control de un sistema de dominación capaz de articular, expandir y reproducir el nuevo patrón de relaciones sociales.” No es este el mismo objetivo perseguido por Milei?
La formación misma del Virreinato del Río de la Plata fue producto, entre otras cosas, de decisiones administrativas ligadas a un mejor control de los recursos que por estas tierras se explotaban y se exportaban a la Metrópolis. Aparece en este periodo el contrabando como modelo alternativo para zafar de los férreos controles impuestos por la corona a la comercialización de productos autóctonos. Y este contrabando da auge y crecimiento a Buenos Aires como centro comercial y a la burguesía que allí residía. Este no es un dato menor, y debe ser tenido en cuenta, porque esta clase social es la que logra irradiar con su ideología al resto del país
El periodo de anarquía, desde la independencia hasta la sanción de la constitución de 1853, fue una lucha en términos políticos entre los caudillos, con una visión federal y el centralismo porteño, fortalecido por el control de la principal aduana. Pero en términos económicos, la pelea de los caudillos tenía que ver también con la defensa de los recursos y las fuentes de trabajo de cada región.
Las consideraciones precedentes apelaron a bucear en la historia de la formación del país, a efectos de entender y explicar algunos de los problemas actuales que, con obstinación recurrente nos dan cuenta de una indispensable comprensión histórica de lo que se es.
A propósito de ello, no es un dato menor sugerir que la existencia del estado Nacional es cronológicamente posterior a los gobiernos locales y regionales y que en todo caso, su origen, se debió a una delegación de poder que hacían estos últimos al primero
Se pueden resumir las características principales: hasta 1890, hubo separación de fuentes tributarias, correspondiéndole a la Nación los impuestos sobre el comercio exterior y a las provincias los impuestos internos. Desde 1890 y hasta 1934 hay concurrencia de fuentes tributarias en los impuestos internos indirectos. Este esquema determinaba que cada provincia debía ajustar sus gastos en función de la recaudación "propia", generando gran disparidad territorial en cuanto a la oferta de bienes públicos provinciales, financiando las provincias ricas ( en su mayoría las que se encontraban en la pampa húmeda ) niveles de gasto por habitante más elevado que las provincias pobres.
Esto ayuda a entender que el modelo de país agro-exportador del siglo XIX, sólo entendía el país desde la perspectiva del gran puerto, funcional a los intereses de la clase social dominante, a quien no le interesaba el desarrollo armónico de las economías regionales. No se pensó en una gran Nación. Apenas en un gran puerto, o en todo caso la Nación era el puerto como cosmovisión.
El año 1.935 marca el comienzo de los regímenes de coparticipación; mediante leyes específicas se regulan los impuestos internos y a los réditos, iniciándose el proceso de centralización en la recaudación por parte el gobierno Nacional y fijándose mecanismos de distribución del producido de los mismos. En 1952 se agrega un nuevo mecanismo de recaudación centralizada y distribución para el impuesto que gravaba la transmisión gratuita de bienes. A partir de 1.973 se unificaron todos los regímenes en uno solo, que comprendía el universo de los tributos co-participables y un solo mecanismo de distribución. También comienza a cobrar importancia en este período la creación de impuestos con afectaciones específicas.
En los años de la dictadura militar se comienza con las transferencias de servicios a las provincias por parte del Estado Nacional, y los fondos se transferían según criterios de la junta militar y si bien generaba turbulencias en la relación Nación-provincias, el marco institucional no permitía en ese momento gran discusión en las relaciones fiscales.
Desde el retorno de la democracia y hasta el año 1988 en que se sanciona la ley 23.548 los fondos se distribuían a partir de negociaciones de carácter político. En el año 1.988 se sancionó la ley 23.548, vigente aún, en donde se establecen nuevos mecanismos de distribución primaria y secundaria. Las provincias pasan a recibir el 56.66 % del total recaudado. Este número surge del 48.5 % que recibían en el año 1973 más el 8,16 % que era el impacto estimado en base al estudio realizado por el C.F.I, del costo de los servicios transferidos durante la dictadura.
El estudio de la economía del federalismo fiscal es de gran importancia para la política económica de la Argentina, dada la gran descentralización de funciones del estado Nacional hacia las provincias y al monto cuantitativamente importante de las transferencias de recursos. Este tema condiciona objetivos importantes de la política económica, como ser la eficiencia, la equidad regional, estabilización y desarrollo entre otros
En el caso Argentino, el federalismo tiene jerarquía constitucional: " la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana federal" (Constitución Nacional).
En sentido económico, el federalismo fiscal estudia cómo se organizan las relaciones fiscales entre diferentes niveles de gobierno y ante diferentes grados de descentralización. Esto implica estudiar de qué manera se articulan la distribución de funciones y responsabilidades cuando existen al menos dos niveles de gobierno. De qué manera se distribuyen los recursos y a quién le corresponde la provisión de bienes y servicios, es decir de qué manera se organizó la distribución del "poder" y en qué medida está más o menos centralizado o descentralizado el mismo.
La consideración precedente trae aparejada la discusión acerca del lugar del Estado, dada la coexistencia de dos lógicas que pueden entrar en coalición. Y es la hipótesis de esa emergencia que conforma su función, reservando al Estado su actuación a nivel político; es decir, se desempeña como encargado de organizar las relaciones en sociedad, como aquel que fija las reglas del juego, pero a su vez interviene o trata de equilibrar las situaciones de desequilibrio que se producen por el funcionamiento mismo del sistema capitalista.
Algunos comentarios acerca de la situación en nuestro país
Debe entenderse que: los fondos que reciben las provincias no son transferencias, sino recursos de propiedad provincial; la nación recauda en forma centralizada por diferentes motivos (economías de escala, equidad, políticas macroeconómicas), pero la recaudación no pasa por el presupuesto, sino que se distribuye automáticamente.
ANTECEDENTES LEGALES
En el año 1988, se sanciona la primer ley de coparticipación ( 23.548), luego del regreso democrático. Esta ley, conjuntamente con el pacto Federal del 12/08/92 y el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento del 12/08/93, juntamente con la doctrina precedente, constituyen el cuerpo principal en materia de coparticipación para el periodo anterior a la sanción de la nueva Constitución del año 94.
Simultáneamente y también como consecuencia del criterio de coparticipación definido se instala en esta circunstancia histórica la discusión del financiamiento de los servicios transferidos de la Nación a las Provincias. Ello sucede porque en la década anterior, fundamentalmente en el gobierno de la dictadura, es cuando se transfiere, hasta ese momento, el mayor volumen de servicios a las jurisdicciones provinciales.
Luego, a partir del plan de convertibilidad, se retoma el proceso privatizador. Este expeditivo proceso –desde 1993 a 1994- que se conoció como el mayor proceso de descentralización, explica e ilustra significativamente el crecimiento del gasto en cada Estado Federal y las firmas de los primeros pactos fiscales. Complementariamente, este proceso que se inscribió en la tan predicada transformación del Estado, el Estado Nacional se desprendió de las empresas públicas, en su mayoría señaladas por sus faraónicos como ineficientes activos y pasivos.
La política de transferencias emprendida en ese marco de reforma estatal significó para las provincias recibir y afrontar en exiguos plazos de asimilación los servicios transferidos, onerosos y expansivos por el carácter vegetativo de los mismos. El paquete transferido se constituyó de servicios de educación primaria, secundaria y terciaria, salud, y otros de variada índole como funciones de policía de trabajo, puertos, etc.
REFORMA DEL 94
La reforma constitucional del 94´ introducirá entre otros cambios, la asignación de rango constitucional a la coparticipación.
Cooperación entre Nación y Provincias para financiar la Seguridad Social
Si bien en este periodo se producen los traspasos de las cajas provinciales de jubilaciones, la corresponsabilidad en el financiamiento de la seguridad social era condición sine qua non para las provincias, puesto que era el talón de Aquiles en la política macroeconómica, en tanto la privatización del sistema de jubilaciones, significó un agujero negro en el presupuesto nacional. “las estimaciones más conservadoras señalan que el nuevo sistema de las AFJP significó una merma de ingresos públicos de aproximadamente 4.500 millones de dólares anuales”.
CONCLUSIÓN
Cuando los Estados Nacionales optan por organizarse bajo la forma de federaciones (confederaciones) se habla de organización federal de gobierno, que en sentido económico, estudia como se organizan las relaciones fiscales entre diferentes niveles de gobierno ante diferentes grados de descentralización. Esto implica estudiar de qué manera se articulan la distribución de funciones y responsabilidades cuando existen al menos dos niveles de gobierno. De qué manera se distribuyen los recursos y a quién le corresponde la provisión de bienes y servicios.
Si un nivel es el que recauda y otro el que gasta se produciría superávit en el primero y déficit en el segundo, si no se establece un mecanismo de transferencia de ingresos.
Podemos y debemos en la Argentina actual discutir un nuevo modelo de coparticipación y de federalismo. Es un deber histórico, del cual deberemos rendirle cuenta a las generaciones futuras. Debemos resolver el problema actual, el cual es la desigualdad existente al interior de nuestra patria, con regiones y/o ciudades más cercanas en sus estándares de vida al primer mundo y otras cercanas a lo que somos: países periféricos y pobres.
Si bien los problemas estructurales que acarrea nuestro país no son exclusivamente por la coparticipación o por el reparto de los recursos, no caben dudas que estos últimos han servido como un poderoso instrumento de política económica para consolidar modelos que nos signaron en el atraso.
Porque en el nacimiento mismo de nuestra Nación se cometieron errores que nos afectan en la actualidad. Uno de los motivos del olvido deliberado del periodo virreinal, por parte de la historiografía liberal de la oligarquía, ha respondido al objetivo de hacernos perder el recuerdo de la antigua unidad y conformación para suplantarlo por una división geográfica sin sustentos reales.
Porque el problema de Argentina está en su génesis. En su conformación histórica como país. Argentina nació extrapolada. Se conformó al revés de cómo debiera haber sido. Allí están nuestros males. Y a 200 años de nuestra independencia la discusión sobre el país se debe reeditar.
El sistema disperso de comunicaciones, otro de los obstáculos que separa a nuestro pueblo, no deriva de la geografía, sino de las inversiones financieras, que han relegado a las economías regionales a la categoría subsidiaria de abastecedora de la metrópolis. En el tema de las comunicaciones se debe recordar que las redes ferroviarias y fluviales, tanto como viales, han sido exclusivamente articuladas al comercio de exportación y no al mercado interno. Basta con observar un mapa de las rutas argentinas. Del tendido de los ferrocarriles. De las rutas aéreas. Veremos una imagen parecida a una gran telaraña, cuyo centro es Buenos Aires.
Por ejemplo, las redes ferroviarias no han traído progreso a las economías regionales, sino que han llevado trabajo y riqueza explotados a la gran ciudad, de cuyos sistemas de comunicaciones han sido prolongaciones extraterritoriales. Hechos de esta naturaleza son derivados de la fragmentación geográfica. Por eso la unidad geográfica exige la reinserción comercial y política de las regiones. Este modelo frena en un doble sentido al país: a) Al estancar el crecimiento del mercado interno y b) Al desviar la producción al comercio exterior, generando el subconsumo y la miseria social del pueblo
Un país que se formó a expensas de una ciudad y/o región (Buenos Aires). Que generó una gran cabeza. Un cuerpo macrocefálico, con miembros débiles, no tiene futuro. Una cabeza que inundó al país con su ideología. Una cabeza que nos convenció que éramos el granero del mundo.
La economía, la política, la historia se entretejieron en el gran puerto.
Está demostrado que el reparto de recursos entre nación y provincias y entre las provincias no es el más equitativo. Este debe ser el centro del debate. Porque históricamente generó problemas este reparto. Porque la asignación de los recursos siempre se resolvió a partir de acuerdos políticos. Jamás se resolvió por proyectos estratégicos de integración y unidad nacional. Porque a lo largo de la historia la hegemonía del gran puerto marcó el rumbo a seguir.
Pero a diferencia del sicópata, desde los sectores populares debemos bregar por una gran integración regional. Del otro lado lo que pretenden es debilitar la Nación para entregar nuestros recursos naturales sin más. No olvidemos que la constitución del 94, neoliberal por cierto, entregó los recursos estratégicos a las provincias. Con provincias débiles económicamente, la entrega del agua, litio, petroleo, recursos naturales y alimentos está asegurada. Y ese es el objetivo de esta derecha fascista
CPN Juan I Pividori
autor del libro" Federalismo y coparticipación, el que no cambia todo no cambia nada"
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