IAPOS: ¿pierde plata, está mal administrada o es una caja negra? O todo junto

 Qué barato le sale Pullaro a Milei

Nuestro gobernador, Maximiliano Pullaro siempre saca chapa de matón de barrio, arrogante y sin escrúpulos. Siempre con los más débiles, porque ante el poder se acurruca y arregla

En estos días, gracias a la protección mediática, bien paga por el susodicho, todos los portales presentaban el gran logro del gobierno provincial, quien consiguió el refinanciamiento de nuestra caja por 120.000 millones en 12 cuotas mensuales de 10.000. Nada se decía de lo que se perdió con ese acuerdo

Que los medios lo repitan no es el problema, el problema es que nadie, absolutamente nadie salió a cuestionar este acuerdo con la claridad que merece.

Creo que es de vital importancia explicar el tema en toda su dimensión para que los verdaderos dueños de la caja, que somos los activos y jubilados entendamos lo que se juega y reaccionemos alguna vez

Antecedentes

En la década de los 90, el gobierno neoliberal de Menen comienza con una brutal transferencias de servicios (fundamentalmente salud y educación) a las provincias. En paralelo privatiza el sistema jubilatorio en manos de las AFJP, que sumado al endeudamiento feroz generaba requerimientos permanentes de fondos para cumplir con las obligaciones de pago de deuda y las jubilaciones a los jubilados preexistentes que no aportaban a las AFJP.

Se firman en esta década los llamados Pactos Fiscales, que consistían básicamente en quitarle fondos a las provincias, quienes sufrían el modelo desde dos aspectos: recibían servicios caros, onerosos y expansivos como salud y educación y veían mermar sus recursos por estos pactos.

Para financiar los cambios las provincias incrementaron 38% la participación de la educación en sus presupuestos entre 1994 y 2000; mientras que en el presupuesto nacional el aumento sólo fue de 8,5%, en el mismo período.

Al analizar la distribución primaria de la coparticipación se advierte que la Nación pasó de recibir el 44% de los recursos en 1991, a percibir más del 60% a partir de 2002, a expensas de las provincias. Esto explica quién financió las modificaciones en el sistema educativo argentino, salud y sistema previsional. 

Lo ocurrido en el sistema federal de educación muestra, en un tema crucial, cuáles son las consecuencias de la continuidad de una concepción equivocada, que resulta inviable si queremos reparar las desigualdades de nuestra sociedad.

Los daños provocados por el excesivo centralismo en la solución de cuestiones fundamentales y de importancia estratégica, como la educación, hoy representan conflictos que se alimentan en la inequidad con que fueron abordados.

Por eso debemos revisar puntualmente y sin prejuicios ideológicos los errores del pasado. Y corregirlos a partir de una verdadera voluntad de cambio, concebida desde una visión más amplia, menos sesgada, y capaz de asumir con grandeza la democratización de las decisiones y una equitativa descentralización de los recursos.

Es oportuno acotar que esta monumental etapa de trasferencias en términos cuali-cuantitativos consagró una modus operandi recurrente del Estado Argentino que se tradujo explícitamente en una profunda y definida descentralización de funciones –es decir, descentralización del control- a la vez que se acentuó fuertemente la centralización del poder.

Así es que los pactos del año 92 y 93, y las leyes que acompañaban los mismos introdujeron modificaciones a la ley 23.548, a saber:

1)     pre-coparticipaciones o detracciones previas a la masa distribuible; que en términos concreto implicó cambiar el espíritu de la ley en tanto altera la masa conjunta distribuible.
2)     “Sueldos” o garantías de coparticipaciones mínimas; que significaban extorsiones concretas a los Estados Provinciales, en tanto los mismos adherían a los pactos, sin discusión de los efectos, porque se aseguraban un piso, también sin importar la evolución macroeconómica.
3)     Cooperación entre Nación y Provincias para financiar la Seguridad Social; Si bien en este periodo se producen los traspasos de las cajas provinciales de jubilaciones, la corresponsabilidad en el financiamiento de la seguridad social era condición sine qua non para las provincias, puesto que era el talón de Aquiles en la política macroeconómica, en tanto la privatización del sistema de jubilaciones, significó un agujero negro en el presupuesto nacional. “las estimaciones más conservadoras señalan que el nuevo sistema de las AFJP significó una merma de ingresos públicos de aproximadamente 4.500 millones de dólares anuales”. Sin estos fondos apropiados por el Estado Nacional y cedidos sin más por las provincias (adviértase aquí, que la responsabilidad es conjunta entre ambos niveles, porque ningún gobernador, ningún intendente, ningún senador o diputado objetó lo que se acordaba o si lo hicieron, nunca desde una posición política de peso que significara un enfrentamiento al modelo) el modelo económico no hubiese durado una década.

Estas reformas produjeron un cambio cuantitativo importante a tal punto que, en solo tres años de implementación de la descentralización:
§   la Nación recibía el 60 % en concepto de impuestos coparticipables, y;
§   las provincias el 40 % en concepto de coparticipación.

De esta última consideración se puede deducir que la transferencia operada, produjo un sustantivo desbalance fiscal a raíz del aumento de funciones, circunstancia agravada por la incapacidad de recaudar en la medida de las erogaciones que en términos concretos se derivaban del sobredimensionamiento presupuestario que los estados provinciales debieron afrontar. ¿No está sucediendo esto en la actualidad, donde cada vez se ajusta más y se recauda menos? Parecemos el perro que se quiere agarrar la cola

Luego, la reforma constitucional del 94´ introducirá entre otros cambios, la asignación de rango constitucional a la coparticipación. Esta legitimación que aparece como una innovación en el tema, consecuentemente estableció los impuestos a coparticipar. No obstante ello, la misma norma dejó en manos del gobierno nacional la definición del monto a distribuir, hecho que no fue casual ni inocente, reiterando una discrecionalidad que –en los hechos- poco aportó en la reversión de la inferioridad de condiciones con que históricamente las provincias habían sido consideradas en materia de co-particpación.

Actualidad

Los recurrentes incumplimientos de Nación con Santa Fe terminaron judicializándose, y hay una deuda global con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe que se estima en $700.000 millones. En esa cifra se incluye lo que la Provincia dejó de percibir por pagos que desde 2020 Nación realizaba, pero bajo estimaciones de ejercicios anteriores, que por lo tanto iban desacoplados de valores actualizados.

En el 2.024 se suma el decreto 280/2024 de la actual gestión nacional, que en su artículo 18 dejó sin efecto los artículos 92 y 93 de la ley de presupuesto 2023. Esos puntos establecían que Ansés “transferirá antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas” y que cada anticipo mensual debe realizarse de acuerdo a “las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa)”.

El sistema de jubilaciones de Santa Fe, fundamentado principalmente en la Ley 6915/1973 y sus modificatorias (incluida la reciente emergencia previsional 14.283), se basa en la solidaridad, la equidad y la gestión provincial autónoma, garantizando la movilidad del haber y la intransferibilidad de la caja a la Nación.

 Y allí está el punto en discordia: Si Pullaro apoyó todas las leyes de Milei, acordó el pacto de mayo y siguió apoyando todas las demás leyes, a nosotros nos cabe esta pregunta: ¿A cambio de qué? ¿Cuál es nuestro beneficio como santafesinos? ¿Tiene el gobernador la facultad moral en negociar un acuerdo, que afecta a miles de ciudadanos, perdiendo recursos que no le pertenecen? ¿Y nuestros legisladores, aceptan sin más este acuerdo espurio? Y los dirigentes gremiales siguen atornillados en sus sillones de bacanes sin decir muuu

La verdad que muy lamentable todo, SANTA FE volvió a resignar federalismo y soberanía

C.P.N y Mgter  Juan Pividori

Autor del libro: Federalismo y coparticipación