Milei prepara su propio indulto

En el presente analizamos las recientes modificaciones legales del presidente Milei sobre los mecanismos de selección para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 

A través del Decreto 467, se eliminan normativas previas que exigían considerar la diversidad de género, la especialidad profesional y la representación regional en el tribunal.

 Se procura suprimir las instancias de participación ciudadana y el control por parte de organizaciones de derechos humanos, argumentando que esto reduce la transparencia del proceso. La narrativa sugiere que estos cambios buscan acelerar los nombramientos mediante una supuesta desburocratización que, en realidad, favorece intereses políticos y corporativos. 

Finalmente, preocupa el silencio cómplice de sectores académicos y mediáticos ante lo que se describe como un retroceso en la calidad institucional del país.

¿Cómo afecta el nuevo decreto la participación social en la Corte?

1. Contexto de la Reforma El presidente Milei dictó el Decreto 467/26, el cual modifica el Decreto 222/03 (que regulaba la selección de jueces para la Corte Suprema) y el Decreto 588/03 (que regulaba la selección del Procurador y Defensor General), ambos establecidos durante la presidencia de Néstor Kirchner.

2. Cambios Clave en la Normativa La nueva normativa deroga artículos fundamentales del proceso anterior:

• Derogación del Artículo 3: Se elimina la obligación de considerar la composición general de la Corte Suprema en términos de diversidad de género, especialidad profesional y procedencia regional, los cuales buscaban garantizar un ideal de representación federal.
• Derogación de los Artículos 6 y 7: Se suprime el mecanismo que permitía a los ciudadanos, organizaciones no gubernamentales (ONGs), asociaciones profesionales y organismos de derechos humanos presentar observaciones, posturas y controlar a los candidatos propuestos.

3. Argumentos del Gobierno Nacional El gobierno justifica estas modificaciones argumentando que las etapas administrativas previas duplicaban el trabajo que luego realiza el Senado de la Nación, lo que ralentizaba la cobertura de vacantes. Según la visión oficial, esta reforma busca eliminar trámites innecesarios, evitar la excesiva burocratización y restaurar el "dinamismo constitucional". Además, sostienen que criterios como la diversidad no están expresamente exigidos en la Constitución Nacional y son de exclusiva apreciación del Poder Ejecutivo.

4. Críticas y Trasfondo Político: la excusa de la "desburocratización" esconde motivos más profundos y preocupantes:

• Pacto de impunidad: La verdadera intención de Milei es pactar con el juez Lorenzetti y colocar a figuras de la "casta judicial" (como personas vinculadas a Comodoro Py) para blindarse ante futuras investigaciones de corrupción que podrían afectarlo a él, a su hermana y a sus funcionarios.
• Pérdida de control social: La reforma significa un refuerzo del poder de la "corporación judicial", eliminando el escrutinio público, el control de los organismos de derechos humanos y el aporte de perspectivas ajenas a las élites dominantes.
• Retroceso institucional: La omisión de la paridad de género va en contra del artículo 37 de la Constitución Nacional de 1994, que promueve acciones positivas para la participación de las mujeres.
• Silencio cómplice: Preocupa la inacción y el silencio frente a esta reforma por parte de las academias, las facultades de derecho, los colegios de abogados y la prensa hegemónica.

Debemos pensar que si avalamos en silencio esta reforma estamos avalando la corrupción lisa y llana. Al menos tiene tres causas el gobierno: Libra, Andis y Adorni.

Milei quiere blindarse de lo que le puede esperar después de su mandato, al igual que lo hizo Macri.

Ahora bien, nosotros como ciudadanos comunes no tenemos facultades para obstruir este proceso, pero sí debemos presionar a nuestros diputados y senadores para que no avalen esta estafa al pueblo. Debemos hacerle saber a los legisladores que los estamos controlando y los vamos a escrachar donde vayan

Ejerzamos de una buena vez nuestros derechos ciudadanos si queremos realmente un país mejor